Autoridades y empleados públicos, en cuanto que ciudadanos, tenemos intereses particulares legítimos. Es inevitable que, en algún momento de nuestra carrera profesional, nos encontremos ante situaciones en las que alguno de estos intereses pueda entrar en conflicto con nuestro deber público, de manera que nuestro juicio profesional podría llegar a verse influido, ya sea realmente, potencialmente o aparentemente, por aquel interés.

Encontrarnos ante este tipo de situaciones de riesgo no es ningún problema. El problema es no reconocer que nos encontramos antes ellas y no gestionarlas adecuadamente para evitar cualquier sesgo en la decisión pública que tomemos en nombre de la ciudadanía.

A continuación se presentan una serie de herramientas para gestionar los conflictos de interés, clasificadas en tres grandes grupos según el objetivo que persiguen dentro del paradigma de la prevención de riesgos: herramientas de detección de conflictos de interés, herramientas de gestión y herramientas para garantizar la eficacia de las anteriores.