- Oportunidades de sesgos en el juicio sobre si aquello facturado coincide con la realidad y con las condiciones de pago legalmente previstas (en el contrato o a la normativa).
En este sentido, esta área de riesgos está directamente vinculada a las dos áreas de riesgo anteriores (áreas 9 y 10: certificaciones fraudulentas, precios contradictorios hinchados, modificaciones irregulares...) o a la de adjudicar directamente a un operador al margen del procedimiento de contratación (área 4). Así, si alguno de los riesgos de aquellas áreas se materializa, la probabilidad de autorizar pagos injustificados o fraudulentos se incrementa proporcionalmente.
- Oportunidad de influencias externas o presiones internas para alterar las condiciones o, incluso, los importes de los pagos.
- No detectar los conflictos de interés de las personas que participan en la autorización de los pagos o bien tienen ascendencia jerárquica o funcional sobre las anteriores.
- No detectar ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de pagos irregulares o injustificados.
- Avanzar pagos antes de que la empresa contratista tenga el derecho
- Autorizar pagos irregulares o fraudulentos.
- Presionar porque se autorice el pago antes de iniciar la ejecución; por ejemplo, porque el adjudicatario facture y cobre a finales de este ejercicio una prestación que no se empezará a ejecutar hasta el año siguiente.
- No detectar y pagar facturas por suministros no librados o por trabajos o servicios no ejecutados.
- Acordar pactos fraudulentos por razones ajenas al objeto del contrato; por ejemplo, pagos para acelerar los trabajos para poder inaugurar una obra antes de unas elecciones.
Documentos de trabajo núm. 3 para ver otros ejemplos
- «Reclutamiento» no meritocrático de los empleados públicos
- Falta de inamovilidad real de los empleados que participan en la compra pública
- Deficiente gestión de los conflictos de interés
- Falta de formación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones
- Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad
- Falta de gestión de la carrera de los profesionales de la compra pública
- Déficit de especialización en la normativa de contratación
- Insuficiente desarrollo de las competencias de compra
- Desconocimiento o escaso uso de herramientas de soporte a la compra
- Supervisión jerárquica deficitaria
Factores relacionados con la dirección que inciden en todo el abastecimiento institucional
- Falta de visión global de las necesidades de obras, suministros y servicios para el mandato y consiguientes disfunciones en la planificación de la contratación
- Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa
- Decisiones políticas que crean compromisos de imposible cumplimiento con la normativa vigente
Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del abastecimiento institucional
- Adopción de estrategias de abastecimiento que superan la capacidad de compra institucional
- Falta de seguimiento y evaluación de las estrategias de abastecimiento
- Descoordinación de las unidades o órganos administrativos que participan en la preparación, licitación o ejecución de los contratos
- Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados
- Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales entre personal al servicio de los entes públicos y contratistas
- Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo institucional a la compra íntegra y profesional
Factores relacionados con el control interno del abastecimiento
- Debilitamiento organizativo de la figura del responsable del contrato
Factores relacionados con la gestión presupuestaria
- Presiones internas para agotar el presupuesto anual
- Reducción del periodo de ejecución ordinaria del presupuesto
- Desvinculación del abastecimiento respecto al ciclo presupuestario
Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos
- Planificación o presupuesto de recursos humanos inadecuado al perfil de compra, la estrategia de abastecimiento institucional o a su seguimiento y evaluación
- Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en la compra pública
- Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
- Supervisión insuficiente de la ejecución para detectar incidencias o incumplimientos y garantizar la correcta recepción de la prestación (crean oportunidades o estímulos indirectos)
- Gestión negligente de las incidencias acontecidas y los incumplimientos materializados (crean oportunidades o estímulos indirectos)
- Modelos de comportamiento impropio en la cadena directiva y de mando
- Culturas organizativas desviadas de la ética profesional pública
- Precedentes de no detección y no sanción en la memoria organizativa, que generan percepción de impunidad
- Precedentes de represalias a personas alertadoras en la memoria organizativa, que generan miedo
- Renuncia a comunicar internamente las transgresiones detectadas y no toleradas
- Reglas o sistemas de trabajo informales en algunos grupos que «protegen» de eventuales acusaciones y refuerzan la percepción de impunidad
- Dinámicas interpersonales o grupales que refuerzan las percepciones de tolerancia e impunidad de las transgresiones
- Insuficiente voluntad y compromiso con el fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles político y de gestión de los entes públicos
- Falta de asignación explícita de responsabilidades sobre la integridad institucional en la cadena directiva y de mando
- Déficits en la determinación y definición de integridad aplicada a las funciones y responsabilidades específicas de la institución (códigos éticos, de conducta...)
- Falta de apertura y fomento del debate ético en la institución
- Carencia de mecanismos de orientación ética formales e informales o déficits en su gestión
- Escasa promoción de la cultura de alzar la voz para defender el interés público y de canales adecuados de alerta
- Inexistente evaluación periódica del sistema de integridad institucional.