Vulnerabilidades

Oportunidades de distorsiones (internas o externas a la entidad adjudicadora) de unos procedimientos muy reglados para:

  • impedir o restringir el acceso de operadores económicos activos al mercado a una licitación o
  • falsear la auténtica competencia durante la preparación de las ofertas definitivas.

Sin auténtica competencia, no se puede garantizar una contratación eficiente. De aquí la obligación de las entidades adjudicadoras de garantizar el derecho de acceso a las licitaciones públicas en condiciones de igualdad y no-discriminación y de salvaguardar en todo momento la libre competencia.

Riesgos identificados
  • No detectar los conflictos de interés de los servidores públicos que responden a las solicitudes de información o aclaraciones durante el plazo para la presentación de las ofertas, que custodian las proposiciones recibidas o, en procedimientos con negociación, que conocen el contenido de las negociaciones con cada empresa candidata o licitadora.
  • No detectar ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de información privilegiada durante la fase de licitación.
  • Crear déficits o asimetrías en la información facilitada a los operadores económicos.
  • No detectar prácticas colusorias o no responder de forma adecuada
  • No velar por la confidencialidad de las proposiciones hasta su apertura pública.
  • Falsear la negociación, en aquellos procedimientos que la contemplen, antes de la presentación de las ofertas definitivas.
Algunos ejemplos
  • Dificultar el acceso a la documentación completa que los candidatos requieren para preparar las ofertas.
  • No hacer pública información relacionada con aclaraciones solicitadas por algún operador respecto a la documentación publicada (anuncio o pliegos).
  • No comunicar indicios de colusión a la autoridad de competencia que corresponda (en el ámbito de Cataluña, la Autoridad Catalana de la Competencia).
Documents de treball

Documentos de trabajo núm. 3 para ver otros ejemplos

 

Factores de riesgo
Personales
  • «Reclutamiento» no meritocrático de los empleados públicos
  • Falta de inamovilidad real de los empleados que participan en la compra pública
  • Deficiente gestión de los conflictos de interés
  • Falta de formación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones
  • Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad
  • Falta de gestión de la carrera de los profesionales de la compra pública
  • Déficit de especialización en la normativa de contratación
  • Insuficiente desarrollo de las competencias de compra
  • Desconocimiento o escaso uso de herramientas de soporte a la compra
  • Supervisión jerárquica deficitaria
Organizativos

Factores relacionados con la dirección que inciden en todo el abastecimiento institucional

  • Falta de visión global de las necesidades de obras, suministros y servicios para el mandato y consiguientes disfunciones en la planificación de la contratación
  • Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa
  • Insuficiente transparencia de las relaciones de la dirección con operadores económicos y otros actores relevantes para el abastecimiento institucional

Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del abastecimiento institucional

  • Adopción de estrategias de abastecimiento que superan la capacidad de compra institucional
  • Falta de seguimiento y evaluación de las estrategias de abastecimiento
  • Descoordinación de las unidades o órganos administrativos que participan en la preparación, licitación o ejecución de los contratos
  • Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados
  • Nichos de conocimiento no documentado sobre prestaciones estratégicas que se contratan de forma recurrente
  • Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales entre personal al servicio de los entes públicos y contratistas
  • Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo institucional a la compra íntegra y profesional

Factores relacionados con el control interno del abastecimiento

  • Margen para interpretar a la baja el nivel de sujeción institucional a la normativa de contratación
  • Debilitamiento organizativo del control real de la contratación

Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos

  • Planificación o presupuesto de recursos humanos inadecuado al perfil de compra, la estrategia de abastecimiento institucional o a su seguimiento y evaluación
  • Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en la compra pública
  • Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
Procedimentales
  • Publicidad insuficiente de la licitación
  • Deficiente gestión de las solicitudes de aclaraciones sobre los pliegos
  • Custodia deficiente de las ofertas presentadas hasta el momento de la apertura de los sobres
  • Falta de aplicación de las pautas para detectar y comunicar indicios de colusión
Potenciadores
  • Modelos de comportamiento impropio en la cadena directiva y de mando
  • Culturas organizativas desviadas de la ética profesional pública
  • Precedentes de no detección y no sanción en la memoria organizativa, que generan percepción de impunidad
  • Precedentes de represalias a personas alertadoras en la memoria organizativa, que generan miedo
  • Renuncia a comunicar internamente las transgresiones detectadas y no toleradas
  • Reglas o sistemas de trabajo informales en algunos grupos que «protegen» de eventuales acusaciones y refuerzan la percepción de impunidad
  • Dinámicas interpersonales o grupales que refuerzan las percepciones de tolerancia e impunidad de las transgresiones
Perpetuadores
  • Insuficiente voluntad y compromiso con el fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles político y de gestión de los entes públicos
  • Falta de asignación explícita de responsabilidades sobre la integridad institucional en la cadena directiva y de mando
  • Déficits en la determinación y definición de integridad aplicada a las funciones y responsabilidades específicas de la institución (códigos éticos, de conducta...)
  • Falta de apertura y fomento del debate ético en la institución
  • Carencia de mecanismos de orientación ética formales e informales o déficits en su gestión
  • Escasa promoción de la cultura de alzar la voz para defender el interés público y de canales adecuados de alerta
  • Inexistente evaluación periódica del sistema de integridad institucional