Vulnerabilidades

Oportunidad de presiones para adjudicar de facto sin recurrir a los mercados, porque:

  • se requiere ejecutar inmediatamente la prestación y los procedimientos de contratación requieren mucho tiempo o
  • se quiere favorecer un operador económico en concreto.

Si los riesgos de esta área se materializan, se conculcan los derechos de los operadores económicos a acceder a las licitaciones públicas y a recibir un trato igual y no discriminatorio por parte de los poderes adjudicadores, y las propias instituciones ponen en riesgo (o renuncian a) la obtención de la oferta económicamente más ventajosa para la contratación de aquella prestación.

Riesgos identificados
  • No detectar conflictos de interés que pueden originar presiones para adjudicar de facto.
  • No detectar ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de adjudicaciones de facto.
  • Evitar la incoación de un nuevo expediente de contratación y aprovechar un contrato ya formalizado para conseguir la prestación.
  • Falsear la tramitación de un procedimiento de contratación.
  • Sustituir irregularmente la tramitación de un expediente de contratación por otras fórmulas de colaboración no competitivas, como por ejemplo convenios.
Algunos ejemplos
  • Continuar ejecutando las prestaciones de un contrato (y abonando el precio) más allá de la vigencia contractualmente prevista, adjudicando de hecho al anterior contratista.
  • Adjudicar directamente servicios de mantenimiento a los operadores económicos a los cuales se había contratado un suministro.
  • Encargar, directamente al proveedor principal de un contrato de obras, prestaciones adicionales que no han sido previstas y que tendrían que haber estado objeto de una nueva licitación.
Documents de treball

Documentos de trabajo núm. 3 para ver otros ejemplos

Factores de riesgo
Personales
  • «Reclutamiento» no meritocrático de los empleados públicos
  • Falta de inamovilidad real de los empleados que participan en la compra pública
  • Deficiente gestión de los conflictos de interés
  • Falta de formación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones
  • Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad
  • Falta de gestión de la carrera de los profesionales de la compra pública
  • Déficit de especialización en la normativa de contratación
  • Insuficiente desarrollo de las competencias de compra
  • Desconocimiento o escaso uso de herramientas de soporte a la compra
  • Supervisión jerárquica deficitaria
Organizativos

Factores relacionados con la dirección que inciden en todo el abastecimiento institucional

  • Falta de visión global de las necesidades de obras, suministros y servicios para el mandato y consiguientes disfunciones en la planificación de la contratación
  • Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa
  • Decisiones políticas que crean compromisos de imposible cumplimiento con la normativa vigente
  • Insuficiente transparencia de las relaciones de la dirección con operadores económicos y otros actores relevantes para el abastecimiento institucional

Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del abastecimiento institucional

  • Adopción de estrategias de abastecimiento que superan la capacidad de compra institucional
  • Margen organizativo para la adopción injustificada de estrategias de abastecimiento no competitivas (convenios y encargos a medios propios)
  • Falta de seguimiento y evaluación de las estrategias de abastecimiento
  • Descoordinación de las unidades o órganos administrativos que participan en la preparación, licitación o ejecución de los contratos
  • Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados
  • Nichos de conocimiento no documentado sobre prestaciones estratégicas que se contratan de forma recurrente
  • Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales entre personal al servicio de los entes públicos y contratistas
  • Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo institucional a la compra íntegra y profesional

Factores relacionados con el control interno del abastecimiento

  • Margen para interpretar a la baja el nivel de sujeción institucional a la normativa de contratación
  • Debilitamiento organizativo del control real de la contratación

Factores relacionados con la gestión presupuestaria

  • Reducción del periodo de ejecución ordinaria del presupuesto
  • Desvinculación del abastecimiento respecto al ciclo presupuestario

Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos

  • Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en la compra pública
  • Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
Procedimentales
  • Deficiencias en la recogida de información, análisis de datos y elaboración documental sobre la necesidad y las alternativas para cubrirla
  • Inadecuada evaluación de la necesidad de contratar o Inadecuada evaluación de la necesidad de contratar o de la idoneidad del contrato proyectado para cubrirla
  • Planificación o presupostación insuficiente o poco rigurosa
  • Deficiente identificación o descripción del objeto del contrato, sus especificaciones técnicas o las condiciones de ejecución.
  • Uso distorsionado o no genuino de umbrales, duraciones, plazos y excepciones a la normativa.
Potenciadores
  • Modelos de comportamiento impropio en la cadena directiva y de mando
  • Culturas organizativas desviadas de la ética profesional pública
  • Precedentes de no detección y no sanción en la memoria organizativa, que generan percepción de impunidad
  • Precedentes de represalias a personas alertadoras en la memoria organizativa, que generan miedo
  • Renuncia a comunicar internamente las transgresiones detectadas y no toleradas
  • Reglas o sistemas de trabajo informales en algunos grupos que «protegen» de eventuales acusaciones y refuerzan la percepción de impunidad
  • Dinámicas interpersonales o grupales que refuerzan las percepciones de tolerancia e impunidad de las transgresiones
Perpetuadores
  • Insuficiente voluntad y compromiso con el fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles político y de gestión de los entes públicos
  • Falta de asignación explícita de responsabilidades sobre la integridad institucional en la cadena directiva y de mando
  • Déficits en la determinación y definición de integridad aplicada a las funciones y responsabilidades específicas de la institución (códigos éticos, de conducta...)
  • Falta de apertura y fomento del debate ético en la institución
  • Carencia de mecanismos de orientación ética formales e informales o déficits en su gestión
  • Escasa promoción de la cultura de alzar la voz para defender el interés público y de canales adecuados de alerta
  • Inexistente evaluación periódica del sistema de integridad institucional.