La finalidad de gestionar los riesgos para la integridad en la contratación pública de una institución es garantizar que los recursos y la capacidad de decisión se emplean para el «cumplimiento y realización de los fines institucionales», priorizando el interés público sobre los intereses privados. El punto de partida de la prevención es que, allí donde hay acceso a recursos públicos y capacidad de decisión, existe la posibilidad que alguien los use para finalidades diferentes de las previstas y priorice el interés privado en lugar del público. El riesgo, pues, existe y hay que gestionarlo para ofrecer la máxima garantía de integridad institucional. Con la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 se imponen nuevas obligaciones en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el fraude y otras irregularidades a los órganos de contratación. Gestionar los riesgos para la integridad en la contratación pública facilitará a las instituciones públicas determinar su grado de vulnerabilidad y diseñar e implementar las medidas preventivas más adecuadas, así como prever la respuesta más eficaz si el riesgo se materializa. Esta guía, elaborada por la Oficina Antifraude, pretende facilitar a las instituciones públicas de Cataluña el análisis de los propios riesgos, así como las herramientas y recursos necesarios para llevar a cabo una tarea preventiva en este ámbito concreto de la gestión pública. Encontraréis dos bloques de contenidos:

• La identificación de las 12 áreas de riesgo de la contratación pública y el análisis de los factores de riesgo más habituales o más graves, resultado del diagnóstico llevado a cabo por la Oficina Antifraude.
• Los pasos a seguir para llevar cabo un proceso de gestión de riesgos en este ámbito.

Esta guía sintetiza el estudio llevado a cabo por la Oficina Antifraude en el proyecto Riesgos para la integridad en la contratación pública.