Vulnerabilidades
  • Oportunidades de sesgos en el juicio por discernir las modificaciones de la prestación o de los términos en que se tiene que ejecutar que son estrictamente necesarios, atendidas las incidencias o los imprevistos surgidos durante la ejecución del contrato, respecto de las modificaciones que desvirtúan el contrato inicial hasta el punto que lo convierten en un contrato diferente.
  • Oportunidades de influencias externas o presiones internas para modificar injustificadamente un contrato.

 

El legislador busca reducir estas oportunidades a través de obligaciones de transparencia, de motivación de las decisiones, controles internos y la regulación de los límites a las modificaciones contractuales, prórrogas o en los contratos complementarios.

Aun así, hay que tener en cuenta que, en ocasiones, estas modificaciones no se formalizan, sino que, simplemente, se producen.

Riesgos identificados
  • No detectar los conflictos de interés de las personas que participan en la propuesta o preparación de cualquier modificación contractual o bien las que tienen ascendencia jerárquica o funcional sobre aquellas.
  • No detectar ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de modificar injustificadamente el contrato.
  • Aprobar modificaciones que afecten al contenido esencial del contrato: que alteren el objeto o importe global; que cambien el equilibrio del contrato en beneficio de la empresa contratista; que introduzcan condiciones que habrían permitido la selección de candidatos diferentes o la selección de un adjudicatario diferente en fase de licitación, etc
  • Aceptar modificaciones de facto del objeto del contrato o las condiciones de ejecución.
  • Aprobar o no detectar, según el caso, la sustitución injustificada o irregular del adjudicatario o del ejecutor (si se subcontrata) del contrato.
  • Aprobar prórrogas del contrato innecesarias o injustificables.
  • Aprobar contratos complementarios injustificados o irregulares.
Algunos ejemplos
  • Aprobar la modificación de contratos de obra con informes de supervisión desfavorables.
  • Ejecutar servicios no previstos inicialmente a los pliegos aprovechando objetos contractuales o descripciones de las prestaciones muy vagas o imprecisas.
  • Aceptar o no detectar, según el caso, la subcontratación de la totalidad del contrato (por ejemplo, de una obra) o bien contraria al que se establece a los pliegos.
  • Impulsar prórrogas inmediatamente después de la formalización del contrato, cuando todavía no es posible valorar la conveniencia de la prórroga.
Documents de treball

Documentos de trabajo núm. 3 para ver otros ejemplos

Factores de riesgo
Personales
  • «Reclutamiento» no meritocrático de los empleados públicos
  • Falta de inamovilidad real de los empleados que participan en la compra pública
  • Deficiente gestión de los conflictos de interés
  • Falta de formación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones
  • Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad
  • Falta de gestión de la carrera de los profesionales de la compra pública
  • Déficit de especialización en la normativa de contratación
  • Insuficiente desarrollo de las competencias de compra
  • Desconocimiento o escaso uso de herramientas de soporte a la compra
  • Supervisión jerárquica deficitaria
Organizativos

Factores relacionados con la dirección que inciden en todo el abastecimiento institucional

  • Falta de visión global de las necesidades de obras, suministros y servicios para el mandato y consiguientes disfunciones en la planificación de la contratación
  • Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa
  • Decisiones políticas que crean compromisos de imposible cumplimiento con la normativa vigente

Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del abastecimiento institucional

  • Adopción de estrategias de abastecimiento que superan la capacidad de compra institucional
  • Falta de seguimiento y evaluación de las estrategias de abastecimiento
  • Descoordinación de las unidades o órganos administrativos que participan en la preparación, licitación o ejecución de los contratos
  • Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados
  • Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales entre personal al servicio de los entes públicos y contratistas
  • Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo institucional a la compra íntegra y profesional

Factores relacionados con el control interno del abastecimiento

  • Debilitamiento organizativo del control real de la contratación
  • Debilitamiento organizativo de la figura del responsable del contrato

Factores relacionados con la gestión presupuestaria

  • Reducción del periodo de ejecución ordinaria del presupuesto
  • Desvinculación del abastecimiento respecto al ciclo presupuestario

Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos  

  • Planificación o presupuesto de recursos humanos inadecuado al perfil de compra, la estrategia de abastecimiento institucional o a su seguimiento y evaluación
  • Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en la compra pública
  • Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
Procedimentales
  • Supervisión insuficiente de la ejecución para detectar incidencias o incumplimientos y garantizar la correcta recepción de la prestación
  • Gestión negligente de las incidencias acontecidas y los incumplimientos materializados
Potenciadores
  • Modelos de comportamiento impropio en la cadena directiva y de mando
  • Culturas organizativas desviadas de la ética profesional pública
  • Precedentes de no detección y no sanción en la memoria organizativa, que generan percepción de impunidad
  • Precedentes de represalias a personas alertadoras en la memoria organizativa, que generan miedo
  • Renuncia a comunicar internamente las transgresiones detectadas y no toleradas
  • Reglas o sistemas de trabajo informales en algunos grupos que «protegen» de eventuales acusaciones y refuerzan la percepción de impunidad
  • Dinámicas interpersonales o grupales que refuerzan las percepciones de tolerancia e impunidad de las transgresiones
Perpetuadores
  • Insuficiente voluntad y compromiso con el fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles político y de gestión de los entes públicos
  • Falta de asignación explícita de responsabilidades sobre la integridad institucional en la cadena directiva y de mando
  • Déficits en la determinación y definición de integridad aplicada a las funciones y responsabilidades específicas de la institución (códigos éticos, de conducta...)
  • Falta de apertura y fomento del debate ético en la institución
  • Carencia de mecanismos de orientación ética formales e informales o déficits en su gestión
  • Escasa promoción de la cultura de alzar la voz para defender el interés público y de canales adecuados de alerta
  • Inexistente evaluación periódica del sistema de integridad institucional.