
- Confidencialidad de la información del contrato que se está preparando; información que se conoce por razón del cargo o puesto de trabajo que se ocupa y cuando todavía no se ha hecho pública.
 
Es, por lo tanto, particularmente importante para la posterior fase de licitación que todos los operadores económicos tengan acceso a la misma información y en el mismo momento y condiciones, para garantizar la igualdad y la no-discriminación de los futuros candidatos o licitadores.
- No detectar conflictos de interés de servidores públicos que tienen acceso a información sobre la contratación que se prepara y que todavía no se ha hecho pública
 - No detectar ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de información privilegiada
 - Avanzar información a determinados operadores económicos antes de que se haya hecho pública, como mínimo, a los medios legalmente previstos
 - Proporcionar información que no se prevé incluir en los pliegos pero que puede condicionar la concurrencia o que puede contribuir a que el receptor prepare una mejor oferta
 
- Dar al actual contratista acceso informal a información que todavía no se ha publicado, otorgándole así una ventaja competitiva en la hora de preparar la oferta que presentará en fase de licitación.
 - Comunicar información que todavía no es pública a través de contactos personales informales con potenciales emprendidas licitadoras conocidas o personas relacionadas con estas.
 

Documentos de trabajo núm. 3 para ver otros ejemplos
Relacionados con las características y motivaciones de los individuos que participan en la contratación pública de una institución.
- «Reclutamiento» no meritocrático de los empleados públicos
 - Falta de inamovilidad real de los empleados que participan en la compra pública
 - Deficiente gestión de los conflictos de interés
 - Falta de formación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones
 - Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad
 - Falta de gestión de la carrera de los profesionales de la compra pública
 - Déficit de especialización en la normativa de contratación
 - Insuficiente desarrollo de las competencias de compra
 - Desconocimiento o escaso uso de herramientas de soporte a la compra
 - Supervisión jerárquica deficitaria
 
Derivan de cómo está organizada y como funciona la institución (sistemas de trabajo, praxis habituales…) Procedimentales: relacionados con la gestión de un procedimiento de contratación concreto.
Factores relacionados con la dirección que inciden en todo el abastecimiento institucional
- Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa
 - Insuficiente transparencia de las relaciones de la dirección con operadores económicos y otros actores relevantes para el abastecimiento institucional
 
Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del abastecimiento institucional
- Falta de seguimiento y evaluación de las estrategias de abastecimiento
 - Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados
 - Nichos de conocimiento no documentado sobre prestaciones estratégicas que se contratan de forma recurrente
 - Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales entre personal al servicio de los entes públicos y contratistas
 
Factores relacionados con el control interno del abastecimiento
- Debilitamiento organizativo del control real de la contratación (en particular, debilitamiento funcional, por carencia de atribución explícita de las funciones de prevención, detección y resolución de los conflictos de interés a alguna unidad o órgano específico)
 
Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos
- Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en la compra pública
 - Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
 
Relacionados con la gestión de un procedimiento de contratación concreto.
- Deficiencias en la recogida, análisis de datos y elaboración documental sobre la necesidad y las alternativas para cubrirla
 - Gestión inadecuada de la información y la documentación que no son todavía públicas
 
Elementos o circunstancias que incrementan la probabilidad de que las oportunidades de riesgo generadas en la contratación pública de una institución sean aprovechadas.
- Modelos de comportamiento impropio en la cadena directiva y de mando
 - Culturas organizativas desviadas de la ética profesional pública
 - Precedentes de no detección y no sanción en la memoria organizativa, que generan percepción de impunidad
 - Precedentes de represalias a personas alertadoras en la memoria organizativa, que generan miedo
 - Renuncia a comunicar internamente las transgresiones detectadas y no toleradas
 - Reglas o sistemas de trabajo informales en algunos grupos que «protegen» de eventuales acusaciones y refuerzan la percepción de impunidad
 - Dinámicas interpersonales o grupales que refuerzan las percepciones de tolerancia e impunidad de las transgresiones
 
Carencias o insuficiencias del sistema de integridad institucional que facilitan la perpetuación de prácticas transgresoras ya materializadas.
- Insuficiente voluntad y compromiso con el fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles político y de gestión de los entes públicos
 - Falta de asignación explícita de responsabilidades sobre la integridad institucional en la cadena directiva y de mando
 - Déficits en la determinación y definición de integridad aplicada a las funciones y responsabilidades específicas de la institución (códigos éticos, de conducta...)
 - Falta de apertura y fomento del debate ético en la institución
 - Carencia de mecanismos de orientación ética formales e informales o déficits en su gestión
 - Escasa promoción de la cultura de alzar la voz para defender el interés público y de canales adecuados de alerta
 - Inexistente evaluación periódica del sistema de integridad institucional.
 

