Vulnerabilidades
  • Confidencialidad de la información del contrato que se está preparando; información que se conoce por razón del cargo o puesto de trabajo que se ocupa y cuando todavía no se ha hecho pública.

Es, por lo tanto, particularmente importante para la posterior fase de licitación que todos los operadores económicos tengan acceso a la misma información y en el mismo momento y condiciones, para garantizar la igualdad y la no-discriminación de los futuros candidatos o licitadores.

   

Riesgos identificados
  • No detectar conflictos de interés de servidores públicos que tienen acceso a información sobre la contratación que se prepara y que todavía no se ha hecho pública.
  • No detectar ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de información privilegiada.
  • Avanzar información a determinados operadores económicos antes de que se haya hecho pública, como mínimo, a los medios legalmente previstos.
  • Proporcionar información que no se prevé incluir en los pliegos pero que puede condicionar la concurrencia o que puede contribuir a que el receptor prepare una mejor oferta.
Algunos ejemplos
  • Dar al actual contratista acceso informal a información que todavía no se ha publicado, otorgándole así una ventaja competitiva en la hora de preparar la oferta que presentará en fase de licitación.
  • Comunicar información que todavía no es pública a través de contactos personales informales con potenciales emprendidas licitadoras conocidas o personas relacionadas con estas.
Documents de treball

Documentos de trabajo núm. 3 para ver otros ejemplos

Factores de riesgo
Personales
  • «Reclutamiento» no meritocrático de los empleados públicos
  • Falta de inamovilidad real de los empleados que participan en la compra pública
  • Deficiente gestión de los conflictos de interés
  • Falta de formación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones
  • Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad
  • Falta de gestión de la carrera de los profesionales de la compra pública
  • Déficit de especialización en la normativa de contratación
  • Insuficiente desarrollo de las competencias de compra
  • Desconocimiento o escaso uso de herramientas de soporte a la compra
  • Supervisión jerárquica deficitaria
Organizativos

Factores relacionados con la dirección que inciden en todo el abastecimiento institucional 

  • Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa
  • Insuficiente transparencia de las relaciones de la dirección con operadores económicos y otros actores relevantes para el abastecimiento institucional

Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del abastecimiento institucional 

  • Falta de seguimiento y evaluación de las estrategias de abastecimiento
  • Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados
  • Nichos de conocimiento no documentado sobre prestaciones estratégicas que se contratan de forma recurrente
  • Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales entre personal al servicio de los entes públicos y contratistas

Factores relacionados con el control interno del abastecimiento 

  • Debilitamiento organizativo del control real de la contratación (en particular, debilitamiento funcional, por carencia de atribución explícita de las funciones de prevención, detección y resolución de los conflictos de interés a alguna unidad o órgano específico)

Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos 

  • Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en la compra pública
  • Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
Procedimentales
  • Deficiencias en la recogida, análisis de datos y elaboración documental sobre la necesidad y las alternativas para cubrirla.
  • Gestión inadecuada de la información y la documentación que no son todavía públicas
Potenciadores
  • Modelos de comportamiento impropio en la cadena directiva y de mando
  • Culturas organizativas desviadas de la ética profesional pública
  • Precedentes de no detección y no sanción en la memoria organizativa, que generan percepción de impunidad
  • Precedentes de represalias a personas alertadoras en la memoria organizativa, que generan miedo
  • Renuncia a comunicar internamente las transgresiones detectadas y no toleradas
  • Reglas o sistemas de trabajo informales en algunos grupos que «protegen» de eventuales acusaciones y refuerzan la percepción de impunidad
  • Dinámicas interpersonales o grupales que refuerzan las percepciones de tolerancia e impunidad de las transgresiones
Perpetuadores
  • Insuficiente voluntad y compromiso con el fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles político y de gestión de los entes públicos
  • Falta de asignación explícita de responsabilidades sobre la integridad institucional en la cadena directiva y de mando
  • Déficits en la determinación y definición de integridad aplicada a las funciones y responsabilidades específicas de la institución (códigos éticos, de conducta...)
  • Falta de apertura y fomento del debate ético en la institución
  • Carencia de mecanismos de orientación ética formales e informales o déficits en su gestión
  • Escasa promoción de la cultura de alzar la voz para defender el interés público y de canales adecuados de alerta
  • Inexistente evaluación periódica del sistema de integridad institucional.