Oportunidad de presiones para adjudicar de facto sin recurrir a los mercados, porque:
- se requiere ejecutar inmediatamente la prestación y los procedimientos de contratación requieren mucho tiempo o
- se quiere favorecer un operador económico en concreto.
Si los riesgos de esta área se materializan, se conculcan los derechos de los operadores económicos a acceder a las licitaciones públicas y a recibir un trato igual y no discriminatorio por parte de los poderes adjudicadores, y las propias instituciones ponen en riesgo (o renuncian a) la obtención de la oferta económicamente más ventajosa para la contratación de aquella prestación.
- No detectar conflictos de interés que pueden originar presiones para adjudicar de facto
- No detectar ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de adjudicaciones de facto
- Evitar la incoación de un nuevo expediente de contratación y aprovechar un contrato ya formalizado para conseguir la prestación
- Falsear la tramitación de un procedimiento de contratación
- Sustituir irregularmente la tramitación de un expediente de contratación por otras fórmulas de colaboración no competitivas, como por ejemplo convenios
- Continuar ejecutando las prestaciones de un contrato (y abonando el precio) más allá de la vigencia contractualmente prevista, adjudicando de hecho al anterior contratista
- Adjudicar directamente servicios de mantenimiento a los operadores económicos a los cuales se había contratado un suministro
- Encargar, directamente al proveedor principal de un contrato de obras, prestaciones adicionales que no han sido previstas y que tendrían que haber estado objeto de una nueva licitación
Documentos de trabajo núm. 3 para ver otros ejemplos
Relacionados con las características y motivaciones de los individuos que participan en la contratación pública de una institución.
- «Reclutamiento» no meritocrático de los empleados públicos
- Falta de inamovilidad real de los empleados que participan en la compra pública
- Deficiente gestión de los conflictos de interés
- Falta de formación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones
- Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad
- Falta de gestión de la carrera de los profesionales de la compra pública
- Déficit de especialización en la normativa de contratación
- Insuficiente desarrollo de las competencias de compra
- Desconocimiento o escaso uso de herramientas de soporte a la compra
- Supervisión jerárquica deficitaria
Derivan de cómo está organizada y como funciona la institución (sistemas de trabajo, praxis habituales…) Procedimentales: relacionados con la gestión de un procedimiento de contratación concreto.
Factores relacionados con la dirección que inciden en todo el abastecimiento institucional
- Falta de visión global de las necesidades de obras, suministros y servicios para el mandato y consiguientes disfunciones en la planificación de la contratación
- Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa
- Decisiones políticas que crean compromisos de imposible cumplimiento con la normativa vigente
- Insuficiente transparencia de las relaciones de la dirección con operadores económicos y otros actores relevantes para el abastecimiento institucional
Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del abastecimiento institucional
- Adopción de estrategias de abastecimiento que superan la capacidad de compra institucional
- Margen organizativo para la adopción injustificada de estrategias de abastecimiento no competitivas (convenios y encargos a medios propios)
- Falta de seguimiento y evaluación de las estrategias de abastecimiento
- Descoordinación de las unidades o órganos administrativos que participan en la preparación, licitación o ejecución de los contratos
- Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados
- Nichos de conocimiento no documentado sobre prestaciones estratégicas que se contratan de forma recurrente
- Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales entre personal al servicio de los entes públicos y contratistas
- Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo institucional a la compra íntegra y profesional
Factores relacionados con el control interno del abastecimiento
- Margen para interpretar a la baja el nivel de sujeción institucional a la normativa de contratación
- Debilitamiento organizativo del control real de la contratación
Factores relacionados con la gestión presupuestaria
- Reducción del periodo de ejecución ordinaria del presupuesto
- Desvinculación del abastecimiento respecto al ciclo presupuestario
Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos
- Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en la compra pública
- Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
Relacionados con la gestión de un procedimiento de contratación concreto.
- Deficiencias en la recogida de información, análisis de datos y elaboración documental sobre la necesidad y las alternativas para cubrirla
- Inadecuada evaluación de la necesidad de contratar o Inadecuada evaluación de la necesidad de contratar o de la idoneidad del contrato proyectado para cubrirla
- Planificación o presupostación insuficiente o poco rigurosa
- Deficiente identificación o descripción del objeto del contrato, sus especificaciones técnicas o las condiciones de ejecución
- Uso distorsionado o no genuino de umbrales, duraciones, plazos y excepciones a la normativa
Elementos o circunstancias que incrementan la probabilidad de que las oportunidades de riesgo generadas en la contratación pública de una institución sean aprovechadas.
- Modelos de comportamiento impropio en la cadena directiva y de mando
- Culturas organizativas desviadas de la ética profesional pública
- Precedentes de no detección y no sanción en la memoria organizativa, que generan percepción de impunidad
- Precedentes de represalias a personas alertadoras en la memoria organizativa, que generan miedo
- Renuncia a comunicar internamente las transgresiones detectadas y no toleradas
- Reglas o sistemas de trabajo informales en algunos grupos que «protegen» de eventuales acusaciones y refuerzan la percepción de impunidad
- Dinámicas interpersonales o grupales que refuerzan las percepciones de tolerancia e impunidad de las transgresiones
Carencias o insuficiencias del sistema de integridad institucional que facilitan la perpetuación de prácticas transgresoras ya materializadas.
- Insuficiente voluntad y compromiso con el fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles político y de gestión de los entes públicos
- Falta de asignación explícita de responsabilidades sobre la integridad institucional en la cadena directiva y de mando
- Déficits en la determinación y definición de integridad aplicada a las funciones y responsabilidades específicas de la institución (códigos éticos, de conducta...)
- Falta de apertura y fomento del debate ético en la institución
- Carencia de mecanismos de orientación ética formales e informales o déficits en su gestión
- Escasa promoción de la cultura de alzar la voz para defender el interés público y de canales adecuados de alerta
- Inexistente evaluación periódica del sistema de integridad institucional.