Vulnerabilidades
  • Naturaleza inherentemente subjetiva de la valoración de los criterios la cuantificación de los cuales depende de un juicio de valor; valoración que puede llegar a determinar la elección de una u otra oferta como económicamente más ventajosa.
  • Oportunidades de favorecer o perjudicar determinados operadores económicos durante el proceso de valoración técnica.

Para objetivar aquel juicio se establece la obligación de basarlo en criterios y reglas de valoración precisas fijadas en los pliegos, que tienen que permitir determinar la mejor relación calidad-precio. Por eso, la probabilidad de este riesgo queda en buena parte condicionada por las decisiones tomadas durante la preparación de la contratación (ver las áreas de riesgo 1. Impulsar y preparar contratos innecesarios o perjudiciales y 2. Preparar contratos que limiten indebidamente la concurrencia o la libre competencia).

 

Riesgos identificados
  • No detectar los conflictos de interés de las personas que participan en la valoración de las ofertas (riesgo de parcialidad) o bien tienen ascendencia jerárquica o funcional sobre las anteriores (riesgo de dependencia).
  • No detectar ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de favorecer o perjudicar un licitador durante la valoración de las ofertas.
  • Aplicar irregularmente el procedimiento para valorar las ofertas o los criterios de adjudicación y sus reglas de valoración, de forma que se favorezca o perjudique determinados candidatos o licitadores.
  • Emitir juicios de valor sin las garantías de objetividad e imparcialidad mínimas establecidas (motivación suficiente y razonada de las valoraciones y, en los casos previstos, emitida por un comité de expertos adecuadamente constituido).
  • Modificar de facto los criterios de adjudicación o las reglas para valorarlos, configurando unas reglas diferentes de las que se habían dado inicialmente a los licitadores para preparar las ofertas.
Algunos ejemplos
  • No abstenerse de formar parte de una mesa de contratación cuando se está en situación de conflicto de interés.
  • Intentar influir en una persona que esté elaborando una valoración técnica de las ofertas, por ejemplo, porque no se declare desierta. Otorgar una puntuación a los criterios de adjudicación cuantificables a través de juicios de valor sin motivarla (o de forma insuficiente), por negligencia o para favorecer o perjudicar un determinado licitador.
  • Ponderar la puntuación entre subcriterios que no estaban ponderados en los pliegos.
Documents de treball

Documentos de trabajo núm. 3 para ver otros ejemplos

Factores de riesgo
Personales
  • «Reclutamiento» no meritocrático de los empleados públicos
  • Falta de inamovilidad real de los empleados que participan en la compra pública
  • Deficiente gestión de los conflictos de interés
  • Falta de formación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones
  • Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad
  • Falta de gestión de la carrera de los profesionales de la compra pública
  • Déficit de especialización en la normativa de contratación
  • Insuficiente desarrollo de las competencias de compra
  • Desconocimiento o escaso uso de herramientas de soporte a la compra
  • Supervisión jerárquica deficitaria
Organitzativos

Factores relacionados con la dirección que inciden en todo el abastecimiento institucional

  • Falta de visión global de las necesidades de obras, suministros y servicios para el mandato y consiguientes disfunciones en la planificación de la contratación
  • Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa
  • Decisiones políticas que crean compromisos de imposible cumplimiento con la normativa vigente

Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del abastecimiento institucional

  • Adopción de estrategias de abastecimiento que superan la capacidad de compra institucional
  • Descoordinación de las unidades o órganos administrativos que participan en la preparación, licitación o ejecución de los contratos
  • Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados
  • Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales entre personal al servicio de los entes públicos y contratistas
  • Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo institucional a la compra íntegra y profesional

 

Factores relacionados con el control interno del abastecimiento

  • Margen para interpretar a la baja el nivel de sujeción institucional a la normativa de contratación
  • Debilitamiento organizativo del control real de la contratación

Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos

  • Planificación o presupuesto de recursos humanos inadecuado al perfil de compra, la estrategia de abastecimiento institucional o a su seguimiento y evaluación
  • Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en la compra pública
  • Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
Procedimentales
  • Designación de personas sin pericia suficiente para evaluar técnicamente las ofertas
  • Falta de motivación o justificación deficiente de las bajas consideradas anormales
  • Aplicación inadecuada de los criterios de adjudicación
Potenciadores
  • Modelos de comportamiento impropio en la cadena directiva y de mando
  • Culturas organizativas desviadas de la ética profesional pública
  • Precedentes de no detección y no sanción en la memoria organizativa, que generan percepción de impunidad
  • Precedentes de represalias a personas alertadoras en la memoria organizativa, que generan miedo
  • Renuncia a comunicar internamente las transgresiones detectadas y no toleradas
  • Reglas o sistemas de trabajo informales en algunos grupos que «protegen» de eventuales acusaciones y refuerzan la percepción de impunidad
  • Dinámicas interpersonales o grupales que refuerzan las percepciones de tolerancia e impunidad de las transgresiones
Perpetuadores
  • Insuficiente voluntad y compromiso con el fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles político y de gestión de los entes públicos
  • Falta de asignación explícita de responsabilidades sobre la integridad institucional en la cadena directiva y de mando
  • Déficits en la determinación y definición de integridad aplicada a las funciones y responsabilidades específicas de la institución (códigos éticos, de conducta...)
  • Falta de apertura y fomento del debate ético en la institución
  • Carencia de mecanismos de orientación ética formales e informales o déficits en su gestión
  • Escasa promoción de la cultura de alzar la voz para defender el interés público y de canales adecuados de alerta
  • Inexistente evaluación periódica del sistema de integridad institucional.