- Tensiones entre garantías procedimentales y la necesidad del ente público de celeridad y de asegurar la solvencia de la futura empresa contratista y la correcta ejecución del contrato
- Margen de discrecionalidad sobre cuál es la contratación más idónea y eficiente
- Oportunidades de influencias Oportunidades de influencias externas o presiones internas en el proceso de definición de la necesidad
- No detectar conflictos de interés de los servidores públicos que participan directa o indirectamente en la preparación de la contratación
- No detectar ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de incidir en la preparación de la contratación
- Elegir procedimientos que limiten la concurrencia injustificadamente o irregularmente.
- Preparar pliegos que proporcionen un margen de discrecionalidad innecesario a la mesa de contratación a la hora de valorar las ofertas, en perjuicio de la precisión que requieren las empresas licitadoras para preparar ofertas ajustadas a lo que realmente se valorará
- Diseñar pliegos que favorezcan o perjudiquen determinados operadores económicos conocidos (vulnerando los principios de no discriminación, igualdad de trato, concurrencia y de salvaguardia de la competencia) con la elección de determinados elementos de los pliegos
- Diseñar pliegos que faciliten comportamientos colusorios (requerimientos para participar en la licitación, configuración de los lotes, etc.)
- Preparar pliegos que faciliten que la empresa contratista devenga de facto en un «poder adjudicador» a través de la subcontratación
- Participar en las decisiones relacionadas con la preparación técnica de la contratación, o en cualquier otra tarea de supervisión o control de la misma, cuando se está en situación de conflicto de interés
- Fragmentar artificialmente el objeto del contrato de forma que el valor estimado del contrato permita seleccionar procedimientos de adjudicación directa (contrato menor), de tramitación más breve, menos obligaciones de publicidad o con un régimen de control o posibilidades de recurso menos riguroso (contratos no armonizados)
- Describir las prestaciones objeto del contrato a medida de un operador económico en particular
- Establecer un presupuesto baso por debajo de precios de mercado que desincentive la concurrencia en fase de licitación (y abrirá la puerta a tramitar modificados en fase de ejecución)
- Invitar siempre los mismos proveedores en procedimientos con negociación o en contratos menores
- Elegir injustificadamente la tramitación de urgencia
Documentos de trabajo núm. 3 para ver otros ejemplos
Relacionados con las características y motivaciones de los individuos que participan en la contratación pública de una institución.
- «Reclutamiento» no meritocrático de los empleados públicos
- Falta de inamovilidad real de los empleados que participan en la compra pública
- Deficiente gestión de los conflictos de interés
- Falta de formación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones
- Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad
- Falta de gestión de la carrera de los profesionales de la compra pública
- Déficit de especialización en la normativa de contratación
- Insuficiente desarrollo de las competencias de compra
- Desconocimiento o escaso uso de herramientas de soporte a la compra
- Supervisión jerárquica deficitaria
Derivan de cómo está organizada y como funciona la institución (sistemas de trabajo, praxis habituales…) Procedimentales: relacionados con la gestión de un procedimiento de contratación concreto.
Factores relacionados con la dirección que inciden en todo el abastecimiento institucional
- Falta de visión global de las necesidades de obras, suministros y servicios para el mandato y consiguientes disfunciones en la planificación de la contratación
- Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa
- Decisiones políticas que crean compromisos de imposible cumplimiento con la normativa vigente
- Insuficiente transparencia de las relaciones de la dirección con operadores económicos y otros actores relevantes para el abastecimiento institucional
Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del abastecimiento institucional
- Adopción de estrategias de abastecimiento que superan la capacidad de compra institucional
- Falta de seguimiento y evaluación de las estrategias de abastecimiento
- Descoordinación de las unidades o órganos administrativos que participan en la preparación, licitación o ejecución de los contratos
- Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados
- Nichos de conocimiento no documentado sobre prestaciones estratégicas que se contratan de forma recurrente
- Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales entre personal al servicio de los entes públicos y contratistas
- Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo institucional a la compra íntegra y profesional
Factores relacionados con el control interno del abastecimiento
- Margen para interpretar a la baja el nivel de sujeción institucional a la normativa de contratación
- Debilitamiento organizativo del control real de la contratación
- Debilitamiento organizativo de la figura del responsable del contrato
Factores relacionados con la gestión presupuestaria
- Reducción del periodo de ejecución ordinaria del presupuesto
- Desvinculación del abastecimiento respecto al ciclo presupuestario
Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos
- Planificación o presupuesto de recursos humanos inadecuado al perfil de compra, la estrategia de abastecimiento institucional o a su seguimiento y evaluación
- Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en la compra pública
- Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
Relacionados con la gestión de un procedimiento de contratación concreto.
- Deficiencias en la recogida, análisis de datos y elaboración documental sobre la necesidad y las alternativas para cubrirla
- Inadecuada evaluación de la necesidad de contratar o de la idoneidad del contrato proyectado para cubrirla
- Planificación o presupostación insuficiente o poco rigorosa
- Deficiente identificación o descripción del objeto del contrato, sus especificaciones técnicas o las condiciones de ejecución
- Deficiente elección o diseño de los criterios de selección
- Deficiente elección y ponderación de los criterios de adjudicación o diseño de los sistemas de puntuación
- Uso distorsionado o no genuino de umbrales, duraciones, plazos y excepciones de la normativa
Elementos o circunstancias que incrementan la probabilidad de que las oportunidades de riesgo generadas en la contratación pública de una institución sean aprovechadas.
- Modelos de comportamiento impropio en la cadena directiva y de mando
- Culturas organizativas desviadas de la ética profesional pública
- Precedentes de no detección y no sanción en la memoria organizativa, que generan percepción de impunidad
- Precedentes de represalias a personas alertadoras en la memoria organizativa, que generan miedo
- Renuncia a comunicar internamente las transgresiones detectadas y no toleradas
- Reglas o sistemas de trabajo informales en algunos grupos que «protegen» de eventuales acusaciones y refuerzan la percepción de impunidad
- Dinámicas interpersonales o grupales que refuerzan las percepciones de tolerancia e impunidad de las transgresiones
Carencias o insuficiencias del sistema de integridad institucional que facilitan la perpetuación de prácticas transgresoras ya materializadas.
- Insuficiente voluntad y compromiso con el fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles político y de gestión de los entes públicos
- Falta de asignación explícita de responsabilidades sobre la integridad institucional en la cadena directiva y de mando
- Déficits en la determinación y definición de integridad aplicada a las funciones y responsabilidades específicas de la institución (códigos éticos, de conducta...)
- Falta de apertura y fomento del debate ético en la institución
- Carencia de mecanismos de orientación ética formales e informales o déficits en su gestión
- Escasa promoción de la cultura de alzar la voz para defender el interés público y de canales adecuados de alerta
- Inexistente evaluación periódica del sistema de integridad institucional