- Naturaleza inherentemente subjetiva de la valoración de los criterios la cuantificación de los cuales depende de un juicio de valor; valoración que puede llegar a determinar la elección de una u otra oferta como económicamente más ventajosa.
- Oportunidades de favorecer o perjudicar determinados operadores económicos durante el proceso de valoración técnica.
Para objetivar aquel juicio se establece la obligación de basarlo en criterios y reglas de valoración precisas fijadas en los pliegos, que tienen que permitir determinar la mejor relación calidad-precio. Por eso, la probabilidad de este riesgo queda en buena parte condicionada por las decisiones tomadas durante la preparación de la contratación (ver las áreas de riesgo 1. Impulsar y preparar contratos innecesarios o perjudiciales y 2. Preparar contratos que limiten indebidamente la concurrencia o la libre competencia).
- No detectar los conflictos de interés de las personas que participan en la valoración de las ofertas (riesgo de parcialidad) o bien tienen ascendencia jerárquica o funcional sobre las anteriores (riesgo de dependencia).
- No detectar ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de favorecer o perjudicar un licitador durante la valoración de las ofertas.
- Aplicar irregularmente el procedimiento para valorar las ofertas o los criterios de adjudicación y sus reglas de valoración, de forma que se favorezca o perjudique determinados candidatos o licitadores.
- Emitir juicios de valor sin las garantías de objetividad e imparcialidad mínimas establecidas (motivación suficiente y razonada de las valoraciones y, en los casos previstos, emitida por un comité de expertos adecuadamente constituido).
- Modificar de facto los criterios de adjudicación o las reglas para valorarlos, configurando unas reglas diferentes de las que se habían dado inicialmente a los licitadores para preparar las ofertas.
- No abstenerse de formar parte de una mesa de contratación cuando se está en situación de conflicto de interés.
- Intentar influir en una persona que esté elaborando una valoración técnica de las ofertas, por ejemplo, porque no se declare desierta. Otorgar una puntuación a los criterios de adjudicación cuantificables a través de juicios de valor sin motivarla (o de forma insuficiente), por negligencia o para favorecer o perjudicar un determinado licitador.
- Ponderar la puntuación entre subcriterios que no estaban ponderados en los pliegos.
Documentos de trabajo núm. 3 para ver otros ejemplos
- «Reclutamiento» no meritocrático de los empleados públicos
- Falta de inamovilidad real de los empleados que participan en la compra pública
- Deficiente gestión de los conflictos de interés
- Falta de formación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones
- Falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos para la integridad
- Falta de gestión de la carrera de los profesionales de la compra pública
- Déficit de especialización en la normativa de contratación
- Insuficiente desarrollo de las competencias de compra
- Desconocimiento o escaso uso de herramientas de soporte a la compra
- Supervisión jerárquica deficitaria
Factores relacionados con la dirección que inciden en todo el abastecimiento institucional
- Falta de visión global de las necesidades de obras, suministros y servicios para el mandato y consiguientes disfunciones en la planificación de la contratación
- Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa
- Decisiones políticas que crean compromisos de imposible cumplimiento con la normativa vigente
Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del abastecimiento institucional
- Adopción de estrategias de abastecimiento que superan la capacidad de compra institucional
- Descoordinación de las unidades o órganos administrativos que participan en la preparación, licitación o ejecución de los contratos
- Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados
- Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales entre personal al servicio de los entes públicos y contratistas
- Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo institucional a la compra íntegra y profesional
Factores relacionados con el control interno del abastecimiento
- Margen para interpretar a la baja el nivel de sujeción institucional a la normativa de contratación
- Debilitamiento organizativo del control real de la contratación
Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos
- Planificación o presupuesto de recursos humanos inadecuado al perfil de compra, la estrategia de abastecimiento institucional o a su seguimiento y evaluación
- Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en la compra pública
- Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
- Designación de personas sin pericia suficiente para evaluar técnicamente las ofertas
- Falta de motivación o justificación deficiente de las bajas consideradas anormales
- Aplicación inadecuada de los criterios de adjudicación
- Modelos de comportamiento impropio en la cadena directiva y de mando
- Culturas organizativas desviadas de la ética profesional pública
- Precedentes de no detección y no sanción en la memoria organizativa, que generan percepción de impunidad
- Precedentes de represalias a personas alertadoras en la memoria organizativa, que generan miedo
- Renuncia a comunicar internamente las transgresiones detectadas y no toleradas
- Reglas o sistemas de trabajo informales en algunos grupos que «protegen» de eventuales acusaciones y refuerzan la percepción de impunidad
- Dinámicas interpersonales o grupales que refuerzan las percepciones de tolerancia e impunidad de las transgresiones
- Insuficiente voluntad y compromiso con el fomento de la integridad y la lucha contra la corrupción en los más altos niveles político y de gestión de los entes públicos
- Falta de asignación explícita de responsabilidades sobre la integridad institucional en la cadena directiva y de mando
- Déficits en la determinación y definición de integridad aplicada a las funciones y responsabilidades específicas de la institución (códigos éticos, de conducta...)
- Falta de apertura y fomento del debate ético en la institución
- Carencia de mecanismos de orientación ética formales e informales o déficits en su gestión
- Escasa promoción de la cultura de alzar la voz para defender el interés público y de canales adecuados de alerta
- Inexistente evaluación periódica del sistema de integridad institucional.